Las organizaciones humanitarias advierten que la deportación de menores argelinos que plantea el PP en Balears es ilegal

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El Supremo rechaza la petición del Govern balear del PP de suspender los traslados de menores no acompañados
La Fiscalía está tramitando, en estos momentos, una petición del Gobierno de Argelia para repatriar a siete adolescentes que llegaron en septiembre en una embarcación recreativa a Eivissa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que el Ministerio Público tramita expedientes de devolución de siete menores, de entre 14 y 17 años, después de que sus padres hayan “solicitado el ejercicio de la patria potestad”. En su visita a Argelia, Marlaska se entrevistó con el ministro del Interior del país norteafricano, Said Sayoud, quien aseguró que la información detallada sobre la situación de los menores estaba en manos de las autoridades españolas.
Se trata de un caso excepcional, dado que Balears tutela a otros 298 menores argelinos a los que nadie reclama. Sin embargo, está siendo utilizado por las autoridades del archipiélago balear para reclamar el retorno de todos los menores argelinos —lo cual es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo— sin explicar cuál es la situación de cada uno de ellos, ni concretar cuál es el fundamento técnico o jurídico para justificar tal deportación colectiva. Marga Prohens (PP), presidenta del Govern, afirmó que había que repatriar también a los otros 298 menores a su país de origen, después de que se hiciera pública la tramitación que lleva a cabo la Fiscalía. La Conselleria de Bienestar Social del Govern no ha respondido a la consulta sobre cuál sería la argumentación técnica o jurídica para justificar la deportación de los 298 menores argelinos tutelados por las administraciones del archipiélago balear.
Según la presidenta balear, la totalidad de los menores no acompañados, bajo tutela de los consells insulares, tienen “contacto permanente con sus padres”. Por este motivo, dijo desconocer “por qué el Gobierno argelino ha solicitado la devolución de estos siete menores ‘con nombre y apellidos’ y no la de los otros más de 300”. “Donde tienen que estar los menores, siempre que se pueda, es con sus padres”, afirmó Prohens y añadió que por estas razones se solicitaba que la repatriación fuera “total”. En su opinión, la reunión mantenida entre Marlaska y su homólogo argelino estaba rodeada de “oscurantismo y dudas sobre la gestión de la política migratoria”.
elDiario.es ha preguntado al Ministerio del Interior en qué consiste este procedimiento de repatriación. “El asunto no es competencia del Ministerio del Interior. Durante su visita a Argel, el ministro del Interior solo mencionó el procedimiento iniciado por la Fiscalía, que es la responsable de coordinar todas las actuaciones y analizar la documentación remitida por las autoridades argelinas, como así explicó Grande-Marlaska en su comparecencia”, han respondido las fuentes consultadas. Por cuestiones de agenda, tampoco ha podido responder la Fiscalía, a la que se le consultaba cuáles son las circunstancias por las cuales se puede iniciar un expediente de devolución.
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, explican a este diario que los dos casos consultados son distintos. En el primero, el de los siete menores argelinos, las familias han pedido “la patria potestad de sus hijos”. Se trata de un precepto “contemplado legalmente” que el Estado español tiene que atender, indican. Es decir, “en este caso no se trata de menores en situación de desamparo, como sí es el caso del resto de niños tutelados por las comunidades autónomas”, señalan. Las mismas fuentes afirman que el Govern es conocedor de esta situación, pero que trata de “generar confusión entre la población sobre unas situaciones y otras”. “Recordamos al Govern de Balears que es una obligación legal la tutela digna de los y las menores en situación de desamparo, y que sus intentos por tratar de evitar esta responsabilidad tienen un componente racista muy preocupante”, lamentan.
Aumento en la llegada de pateras
Como consecuencia de la ausencia de vías legales y seguras para migrar, la ruta balear se ha consolidado como una de las principales para llegar a Europa desde países norsaharianos. A inicios de octubre de este año se han registrado 5.909 llegadas de personas a las costas del archipiélago balear, según datos conjuntos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno. Este número supera ligeramente las 5.882 personas que llegaron el año pasado, una cifra que supone un 158,3% más que en 2023, según el informe de Seguridad Anual de 2024. El documento, elaborado por el Ministerio del Interior, agrupa las llegadas dentro de un marco de control fronterizo y securitario.
Entre las personas adultas también se encuentran menores, que en la mayoría de los casos están en una situación de desamparo, lo que obliga al Estado a asumir su tutela legal. En España, las competencias en materia de protección de menores corresponden a las comunidades autónomas, aunque en el caso balear están transferidas a los consells insulares de cada una de las cuatro islas. El reto que esto representa para las administraciones públicas —que necesitan más recursos para atender las llegadas debido a la falta de planificación y recursos en el sistema de acogida—, no les exime de su responsabilidad legal con los menores, tal como recuerdan tres organizaciones especializadas consultadas por elDiario.es: CEAR, Plataforma de la Infancia y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.