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El Gobierno de Asturias admite la muerte de once lobos dentro del plan de control tras meses de polémica por la falta de datos

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El Ejecutivo asturiano revela por primera vez las cifras oficiales del programa anual de control del lobo, que autoriza hasta 53 extracciones hasta 2026. La publicación llega tras las críticas del PP por la opacidad en la información y en un contexto de debate sobre la gestión de la especie tras su salida del LESPRE
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El Gobierno del Principado de Asturias ha reconocido la muerte de once lobos desde abril en el marco del programa anual de control puesto en marcha tras la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una medida que reactivó la gestión directa de las poblaciones en la comunidad.
El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, informó este jueves al Consejo de Gobierno del avance del plan, destacando que “funciona, avanza y se ajusta a los tiempos previstos”. Según los datos oficiales, once ejemplares han sido abatidos mediante extracciones planificadas bajo la supervisión de la Guardería del Medio Natural, y otros ocho han muerto por causas naturales o accidentales verificadas por los servicios técnicos.
Población de 345 ejemplares
El programa, que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, contempla la extracción de 53 lobos sobre una población estimada de 345 ejemplares, lo que sitúa la ejecución actual en torno al 36%. El Gobierno subraya que el otoño y el invierno son las estaciones más propicias para continuar con el control, frente a la menor eficacia del verano.
La publicación de estos datos llega tras meses de polémica y exigencias de transparencia. El Partido Popular había reclamado reiteradamente conocer el número de ejemplares abatidos, acusando al PSOE de ocultar información sobre la ejecución del plan. Hasta ahora, el Ejecutivo autonómico se había limitado a informar de que daría los datos una vez se concluyese con el plan anual.
Ampliación de zonas
El Principado defiende que el plan cuenta con el modelo “más sólido, operativo y jurídicamente seguro del norte de España”, y que su aplicación se centra en las zonas donde se producen daños reiterados al ganado. Además de los controles directos, se han autorizado extracciones en 174 cacerías de otras especies dentro de las reservas regionales —de las que ya se han celebrado 37— y se prepara la ampliación del programa a zonas no incluidas en dichas reservas.
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